Un juzgado civil retoma en Salé la causa contra el grupo de 24 personas acusadas de once asesinatos. El Tribunal Supremo marroquí anuló la anterior sentencia, de 20 años a perpetuidad, dictada por la justicia militar. Incluimos un vídeo del interior en exclusiva.
Rabat (Marruecos).- Ruido y caos en la sala. Y una tensa doble manifestación en la calle. Arranca el juicio civil a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik. Con el cumplimiento de los derechos humanos en entredicho. La justicia militar impuso pena de 20 años a perpetuidad por 11 supuestos asesinatos, pero el Tribunal Supremo de Marruecos anuló aquellas sentencias por falta de pruebas. El Juzgado de Apelación de Salé asume ahora la reapertura del caso. Tendrán “un juicio justo”, subraya con vehemencia el juez. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tacha la causa abierta como un “teatro” para atacar la línea de flotación de la resistencia del país. El reino alauí, por su parte, busca una doble utilidad ejemplarizante: vender signos de apertura y garantías democráticas ante la comunidad internacional y marcar una frontera clara a los activistas por la independencia del Sáhara Occidental.
Interior del juzgado marroquí donde se ha celebrado la vista del macrojuicio contra 24 saharauis por los hechos ocurridos en el campamento de Gdeim Izik (Sahara Occidental) en 2010.
Los hechos se remontan al año 2010, cuando el desmantelamiento del denominado campamento Gdeim Izik (“Dignidad”) derivó en graves disturbios. Unos 20.000 saharauis se habían congregado en improvisadas jaimas para reclamar mejores condiciones de vida. Era el “detonante de la primavera árabe”, según analistas políticos como Noam Chomsky.
Desde el Sáhara denuncian detenciones arbitrarias, confesiones bajo tortura y falta de garantías procesales. Que no aparecen los cadáveres ni las autopsias, dicen, y tampoco elementos probatorios claros que signifiquen la autoría de los asesinatos. Marruecos juzga a los detenidos por ”formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”.
Cámaras, móviles, pasaporte… Todo bajo custodia policial
Salé, ciudad vecina a la capital del reino, Rabat, recibe con frío y lluvia al nutrido grupo de observadores y prensa internacional llegados de países como Dinamarca, Noruega, Irak, Lituania, República Checa, Holanda, Portugal o España. Bajo la pertinaz llovizna, guardan cola para acceder al edificio judicial. Algunos personajes se acercan cámara en mano para tirar evidentes primeros planos. “Una forma de intimidar y avisar que nos tienen fichados”, dicen.
Es habitual. Cada rostro, un clic al obturador. La sensación de estar vigilado es continua. Antes de entrar al tribunal, las autoridades locales requisan cualquier dispositivo electrónico: cámaras, teléfonos móviles -“sacad antes las tarjetas de memoria”, avisa un veterano en esas lides- ordenadores… incluso el pasaporte queda bajo custodia de la Policía de Marruecos hasta el final de la jornada.
“Causa 581/2016”, arranca el juez. Las mismas consignas que los manifestantes gritan fuera de la sede de justicia, ensordecen la sala presidida por un tribunal que se afana en pedir orden. La policía no interviene. Marroquíes enarbolan una bandera nacional, se suben a la bancada y vocean: “Tenemos un solo derecho, de Tánger a La Güera”. Un grupo de saharauis responde en castellano: “Viva la lucha del pueblo saharaui”. Los rostros se desfiguran, los nervios se tensan, los dedos señalan, las miradas acusan.
Dentro de una suerte de jaula de cristal sonríen los presos de Gdeim Izik. Levantan el puño. Muestran una calma imponente, ejemplar. Casi incomprensible después de seis años de penoso cautiverio. Las familias de las supuestas víctimas asisten a escasos metros y protestan, vociferan, claman por justicia a sus “mártires”. El día transcurre bajo una insufrible mezcla de nerviosismo y rigidez mezcladas con una parsimonia que acentúa la incertidumbre y alarga el proceso por horas, que pasan lentas. Y frías.
Sólo identificar a los acusados y organizar el juicio cuesta avanzar hasta la pausa de la comida. Al final, el caso de un preso enfermo, Mohamed El Avubi -más Hassanna Aalia, exiliado en España-, se separa del resto de 23 acusados. El juicio a El Avubi será el 13 de marzo. El del resto continúa sin fecha de punto final para la sentencia.
“Este juicio es incomprensible, al no haber ninguna prueba tendría que haber sido declarado de nulo derecho”, resume la activista portuguesa por los derechos humanos Isabel Lourenço. Como han exigido, remarca, “la ONU y la Unión Europea” y organizaciones como Amnistía Internacional o Human Right Wachts. “La detención es ilegal, no hay pruebas ni víctimas, ni cadáveres ni autopsias…”. Nada se sostiene, refiere perpleja Lourenço.
De otro lado, el observador español José María Gil ofrece una perspectiva distinta. “A ver cómo se desarrolla el juicio”, comienza. Pronto precisa sobre los sucesos de Gdeim Izik: “Nos llamó la atención la violencia extrema usada por los criminales, que no les suele ser común en ningún disturbio público”. Relata “degollamientos, lapidaciones, profanación de cadáveres”. Episodios “y métodos característicos de otros escenarios”, puntualiza. “Como en Siria, por ejemplo”. El Campamento de la Dignidad montado a unos kilómetros de El Aaiún “se mostró poroso al yihadismo”, denuncia.
Otros observadores internacionales no lo ven igual. Caso de Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco. “La principal clave”, sostiene, “es la violación del derecho internacional y que a los presos no se les pone en libertad cuando el Tribunal Supremo ha dicho que la sentencia anterior no existe y que no había pruebas para condenarles”. Bajo la “apariencia de un juicio serio”, apunta, discurre un lento camino para “gente que lleva seis años en la cárcel, donde alguno entró con 20 años de edad y con la única prueba de una declaración obtenida bajo tortura”.
Las fases del juicio
El juicio político ha pasado por diferentes fases desde 2010. De las detenciones de los activistas, la mayoría funcionarios y sin antecedentes penales, a la sentencia militar luego anulada por la Corte Suprema y, por en medio, la reforma de la Constitución marroquí en 2011 y del marco legal dos años más tarde que impide a una audiencia castrense juzgar a civiles. La última fase espera resolución en Salé. Y puede que; sea cual sea el resultado, no sea la última. La previsible entrada de Marruecos, en días, en la Unión Africana abre la puerta a una futura etapa en el tribunal sobre derechos humanos de la institución continental. Quizás la última oportunidad de los presos de Gdeim Izik.
Juan Miguel Baquero
Vídeo cedido por Juan Miguel Baquero a La Marea.
Fuente: lamarea.com
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