Los desaparecidos del desierto: memoria histórica y fosas comunes en el Sáhara : EL SÁHARA DE LOS OLVIDADOS اِل ساارا دي لوس اُلبيدادوس

Por Juan Miguel Baquero / lamarea.com

Una fosa común en mitad del desierto. Un puñado de huesos apenas tapados por arena. La historia universal de las víctimas de desaparición forzada, así resumida. Y “la herida permanentemente abierta con la que viven” sus familias. Es la memoria histórica del Sáhara. Un relato que salpica a la España nacida en los estertores del franquismo. Ocho pastores beduinos, dos de ellos niños. Huesos con nombres como Salma, Sidahmed, Mohamed… y Bachir y Sidi, menores de edad. Los primeros desaparecidos del desierto localizados, en 2013. El hallazgo de un equipo científico de la Universidad del País Vasco (UPV) arrojaba un resultado contundente: balas del Ejército marroquí junto a esqueletos con evidencias de muerte violenta. El análisis genético puso rostro a “ciudadanos saharauis y españoles”.

Aquellas fosas en Fadret Leguiaa, próxima a la ciudad liberada de Amgala, certifican la historia silenciada. La cifra total acumula varios cientos de víctimas que asociaciones de derechos humanos elevan a varios miles, fruto de los bombardeos marroquíes. Crímenes impunes, cometidos la mayor parte entre 1975 y 1977 tras el abandono de España del Sáhara Occidental y la anexión por Marruecos con la Marcha Verde. Para Naciones Unidas, aquel desierto es territorio español pendiente de descolonización. Todavía.

“Mi padre fue secuestrado. No he vuelto a saber de él”

“Mi padre fue secuestrado en las cercanías de Amgala el 12 de febrero de 1976. No hemos vuelto a saber de él hasta el día en que fue exhumado junto con otras víctimas. Este proceso nos ayudó a conocer, por fin, donde estaban nuestros familiares”, cuenta Mohamed-Fadel Abdalahe. “Todas las matanzas ocurren cuando aún España estaba allí”, denuncia Abdeslam Omar Lehsen, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA).

“Lo reconoce el auto del juez Pablo Ruz (abril de 2015)”. Abdeslam Omar apunta al “procedimiento abierto” por la Audiencia Nacional (2006) para investigar delitos de tortura y genocidio en suelo saharaui entre 1975 y 1882. Más allá de esta querella “no hay vías jurídicas internacionales ante ningún tribunal para defender la causa de los desaparecidos”, explica el profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco y miembro de la Asociación Internacional de Observadores de Derechos Humanos (AIODH) Juan Soroeta.

“Hablamos de unas 4.500 personas que han conocido la desaparición forzosa, una cifra enorme en comparación con la población, unas 200.000 entonces”, relata el presidente del colectivo. Marruecos reconoció 207 casos, con 14 niños y 22 mujeres, en un informe fechado en 2010. Sumaba otros 144 individuos sin identificar. Nunca atribuyó las muertes a ejecuciones extrajudiciales, sino a las condiciones sufridas “durante el periodo de detención”.

Desaparecidos con “DNI español”

“Las víctimas llevaban la documentación encima, DNI español”, dice Abdeslam Omar sobre los huesos de Fadret Leguiaa. Ocho víctimas civiles. Pastores beduinos “que no participaban del conflicto armado”. Todos “españoles”, asesinados “extrajudicialmente” en febrero del 76 “por una patrulla del Ejército marroquí”, como confirmó el trabajo dirigido por el antropólogo forense de la UPV y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Francisco Etxeberría, y Carlos Martín Beristain, doctor en Psicología e investigador de las violaciones de derechos humanos.

“Y tenemos suerte por un testigo ocular de los hechos, un niño entonces que se salvó por los pelos”, narra Omar Lehsen. Él señaló el lugar. Allí estaban Salma, Sidahmed, Mohamed… y otros niños como Bachir y Sidi. Culminar el duelo, en palabras del presidente de AFAPREDESA: “Conocíamos de qué grupo se trababa, conseguimos las muestras de los posibles familiares y coincidieron al 100%. Tenemos una gran satisfacción. Cerrar página es muy importante y en este caso se ve claramente cómo la angustia de las familias pasa a ser una gran satisfacción cuando se comunican los resultados”.

Encontrar los restos, ponerles nombre y apellidos, resuelve “la incertidumbre sobre su destino”, en palabras del equipo arqueológico. “La emoción contenida y el profundo sentido humanitario de una acción” esperada por las familias “durante más de 37 años”, describen Etxeberría y Martín Beristain en sus informes. Los casos descubiertos revelan que los ejecutores “usaban métodos de violencia extrema calcados al de la Guerra Civil española, sobre todo en los primeros años de ocupación”, según Abdeslam Omar. “También hay testimonios de que algunos secuestrados fueron tirados desde helicópteros al mar, como en Argentina”.

El trabajo continúa. “Estamos hablando de unas 15 fosas descubiertas y hemos intervenido en cinco, con 14 personas rescatadas y diez identificadas”, describe el representante de las víctimas. Hay muchas más, sostiene. Un “duro trabajo” que Marruecos “complica” al negar “el acceso a los territorios ocupados, donde están la mayor parte”. “Una de ellas abarca al menos unas 60 personas que fueron enterradas vivas en 1976, cuando aún España estaba allí”, subraya.

Buscar ‘el oasis de la Memoria’

Negar una información relevante y veraz sobre el destino de una víctima es una forma de tortura, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y la práctica sistemática, y generalizada, está calificada como crimen de lesa humanidad. Imprescriptible, por tanto. El mismo año del informe humanitario de Marruecos, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada o Involuntaria visitaba la zona para analizar la “naturaleza sistemática” de una práctica usada por las autoridades marroquíes y que permanece en “situación de impunidad”.

La “problemática general” de las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental quedó radiografiada en un informe del Instituto Hegoa de la UPV titulado El oasis de la Memoria. Basado en 261 testimonios de testigos presenciales que reconstruyen y describen el suceso: detención ilegal, ejecución y enterramiento clandestino.

Aquellas exhumaciones “se hicieron en un contexto difícil y con escasos medios, en un lugar cercano al muro construido por Marruecos”, donde “existen todavía numerosas minas antipersonales”, relatan Etxeberría y Martín Beristain. Una zona bajo supervisión de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), el plan de paz firmado por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y el Río de Oro (Frente Polisario) en 1991.

Los procesos exhumatorios han servido para analizar “el fenómeno de la desaparición forzada y el impacto psicosocial que ésta ha tenido en los familiares de desaparecidos”, tanto los que viven en campamentos de refugiados, en Tinduf (Argelia), como en los territorios ocupados. Francisco Etxeberría y Carlos Martín Beristain, junto a un equipo multidisciplinar, legaron en sendas intervenciones arqueológicas el certificado de la memoria histórica del Sáhara.