Por Moara Crivelente* / cebrapaz.org.br
Los presos políticos saharauis están sometidos a un juicio farsante en Rabat, capital marroquí. Hace siete años, más de 20 saharauis atraviesan un proceso injusto y tendencioso, según observadores internacionales como la portuguesa Isabel Lourenço. En declaraciones a Cebrapaz, la observadora y el representante saharaui en Brasil, Mohamed Zrug, hablan del proceso y de su encuadramiento en la lucha más amplia del pueblo saharaui por la autodeterminación, en contra de la ocupación marroquí.
Conocidos como los “prisioneros de Gdeim Izik”, 25 saharauis detenidos en 2010 durante un masivo campamento de protesta pacífica en contra de la ocupación marroquí están sometidos a un proceso controvertido. En febrero de 2013, fueron condenados por una corte militar marroquí a penas severas que incluían la prisión perpetua, pero el juicio fue anulado por la Corte Suprema, que decidió por la revisión iniciada en diciembre de 2016.
En mayo de 2017, el nuevo proceso, todavía no aclarado, ya pasa por su cuarta sesión de audiencias para 24 de los detenidos, mientras que el 25º sigue penalizado con la prisión perpetua. Las “sesiones” se han aplazado a menudo, como la autodeterminación del pueblo saharaui.
La lucha de los prisioneros va mucho más allá del encarcelamiento arbitrario y de un juicio repleto de inconsistencias para reafirmar la urgencia del compromiso con la descolonización del Sahara Occidental y el fin de la ocupación marroquí. Con el juicio, dice el diplomático del Frente Polisario (el representante legítimo del pueblo saharaui) en Brasil, Mohamed Zrug, Marruecos “quiere dejar claro que no aceptará ningún tipo de derecho a la manifestación, ni que se cuestione la ocupación. Llevar a los acusados, primero, a un juicio militar, y después, a un tribunal de excepción, manifiesta la ira marroquí contra los saharauis. También pone en evidencia la verdadera naturaleza del régimen marroquí y su comportamiento colonial”.
Todo ello, continúa Zrug, a pesar de los llamamientos del nuevo Secretario General de la ONU António Guterres y del Consejo de Seguridad, que recientemente aprobó la extensión de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), establecida en 1991, con una resolución que enfatiza la importancia de la reanudación del proceso diplomático estancado hace más de dos décadas. “La reanudación del juicio contra los activistas políticos saharauis justo días después de la decisión del Consejo de Seguridad es una fuerte señal de que Marruecos no va en absoluto a ningún proceso político. Prefiere los hechos consumados”.
Zrug denuncia la negligencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presente en un país donde se presenta “el simulacro de juicio contra pacifistas exhibidos de forma racista y chovinista ante la opinión marroquí, como si fueran forasteros en la plaza pública de una ciudad medieval”.
Por presión internacional – explica Isabel Lourenço, acompañando el proceso de cerca – el juicio conducido en la Corte Militar fue anulado. De ahí el “intento de mejorar la imagen, y no propiamente el modus operandi, de que resultó una ley que impide los juicios militares de civiles.” Sin embargo, una muestra de la farsa – continúa la observadora, destacando que la defensa es a menudo interrumpida – es el menosprecio “a los principios más básicos para un juicio justo, siendo el primero, sin duda, la presunción de inocencia”.
El Supremo Tribunal de Justicia marroquí, en la decisión de anular el juicio militar de 2013, afirmó que faltan evidencias de los crímenes de los que son acusados los activistas saharauis, subraya Isabel, por lo que “el actual juicio carece de bases jurídicas”. Además, continúa, “estamos ante una situación indefinida, ya que no se sabe si es primera instancia o segunda instancia”, lo que pone en cuestión la posibilidad de recurso.
“En todo el juicio ha sido difícil entender lo que pasa porque el juez decidió que todo eso sería aclarado al final del proceso. Por lo tanto, estamos en un limbo, pero el juicio avanza”, Isabel denuncia, apuntando a un sistemático esfuerzo de instigación nacional en contra de los acusados.
Según Mohamed Zrug, “la maquinaria propagandística y de desinformación oficial estuvieron preparando el terreno para las penas más duras y agitando ánimos de odio y venganza en las gradas de la plaza pública. Es un mensaje al pueblo saharaui y, en la actual coyuntura, también contra las protestas legítimas de los rifeños [bereberes del noreste] en Marruecos. El que desafía al imperio del monarca feudal será ejecutado”.
Isabel Lourenço observa, por ejemplo, que los medios marroquíes se refieren a los acusados como “asesinos” y “terroristas”, sin considerar la hipótesis de inocencia, y cuenta el caso de una periodista despedida de una emisora por haberse referido al Sahara Occidental con este nombre, en lugar de usar la terminología dictada por el Reino marroquí, “provincias del sur”.
Observación y apoyo internacional
Parlamentarios europeos y de otras regiones, representantes diplomáticos y defensores de los derechos humanos se han esforzado por acompañar el proceso presencialmente, pero denuncian las maniobras de las autoridades marroquíes para dificultar la observación, incluyendo el aplazamiento de las audiencias, la falta de información y la persecución o tentativa de intimidación.
Todavía, dice Isabel Lourenço, “es importante que los observadores internacionales participen, pues estos son juicios políticos y hay que denunciar la situación y alertar a la comunidad internacional”, y Mohamed Zrug considera que “la observación y presión internacionales son la única forma existente hoy y de que disponen el pueblo sáharaui y los prisioneros políticos para ser liberados y para que sean conocidos su drama y la injusticia”.
Isabel cuenta, por ejemplo, que el juez presidiendo el juicio afirmó abiertamente su menosprecio al derecho internacional, alegando la primacía de su propia interpretación. Por ello, continua, “también es muy importante la presencia de representantes de las Embajadas en Marruecos, que es un socio y tiene proximidad a la Unión Europea y se ha beneficiado con millones de euros para mejorar su sistema jurídico y los derechos humanos en el país”.
“No existen pruebas ni ninguna justificación para la detención, por siete años, de estos señores, y mucho menos para las torturas a que han sido sometidos de forma sistemática” y que la observadora considera no ser conducidas con el “objetivo de obtener informaciones, pero apenas para la humillación constante”. Isabel menciona aún denuncias del malos tratos con las celdas superpobladas, la falta de higiene y la violación de los derechos más básicos.
Los observadores han emitido informes sobre sus actividades “para que la comunidad internacional pueda evaluar lo que está pasando”, dice Isabel. Además, “la solidaridad internacional es esencial para la denuncia de esta situación y para que se pueda dar apoyo a los prisioneros políticos saharauis ya los prisioneros políticos en general, que sufren una discriminación constante, torturas y todo lo que se puede imaginar”.
“En el caso de este grupo de presos la situación es realmente preocupante, la ley no parece estar siendo mínimamente respetada”, continúa. “Creemos que probablemente las penas serán tan duras como las ya establecidas [por la Corte Militar], de los 20 años a la cadena perpetua. Este es un juicio político en el que los acusados son juzgados por su posición política y su actividad pacífica, no violenta, en pro de la autodeterminación del Sahara Occidental. Por eso es esencial que la comunidad internacional, los movimientos de solidaridad internacional, los sindicatos, los partidos emitan su opinión y así presionen a Marruecos a cambiar su actitud y liberar a los presos políticos saharauis”.
Solidaridad en la lucha por la descolonización
El aplazamiento de la descolonización del Sahara Occidental desde la retirada controvertida de la potencia colonial, España, en 1976, es enfatizado por los observadores, representantes saharauis y movimientos internacionales como el contexto que permite los abusos por parte de la potencia ocupante y administradora, Marruecos.
Por ello, la denuncia de la espera de los saharauis por la autodeterminación, sometidos a más de 130 años de colonización y 42 de ocupación, víctimas de la negligencia internacional y de la complicidad de poderosos aliados del reino marroquí, como la Unión Europea — en particular, Francia — beneficiaria de recursos energéticos y naturales robados del pueblo saharauis por Marruecos, y Arabia Saudita, gran financiadora del aparato represor marroquí. Sin embargo, la resistencia saharaui es reforzada.
Según Isabel Lourenço, “durante el juicio, las familias de los prisioneros, amigos y estudiantes saharauis se han desplazado por más de 1.200 kilómetros hasta Rabat para manifestarse ante el tribunal y demostrar su solidaridad a estos activistas acusados y encarcelados. Es sin duda un esfuerzo enorme, ya que, además de la distancia, exige un esfuerzo económico que la mayoría no puede hacer, ya que viven bajo un apartheid social, político y económico y bajo condiciones extradamente difíciles en los territorios ocupados”.
De ahí el refuerzo al llamamiento por el apoyo internacional. Mohamed Zrug afirma: “para un pueblo sometido a un régimen colonial y que optó por el camino de la resistencia pacífica como forma de alcanzar sus legítimos derechos a la autodeterminación ya la independencia, la solidaridad internacional viene a sustituir a las armas y los cañones. Debe tener la fuerza suficiente para proteger al pueblo saharaui de esos crímenes y acompañar moral y políticamente su lucha”.
*Moara Crivelente es politóloga, periodista y directora de Comunicación del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz (Cebrapaz)
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