Fuente: IU Europa / EIC Poemario por un Sahara Libre
La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha elevado a la Comisión Europea el caso de los trabajadores saharauis de Fosbucraa, quienes llevan más de una década reclamando al Estado que reconozca sus derechos en materia de Seguridad Social. La empresa, dedicada a la explotación de los yacimientos de fosfatos en el Sáhara Occidental, fue de capital 100% estatal hasta 1977, cuando el Instituto Nacional de Industria vendió la mayor parte de sus acciones a otra empresa estatal marroquí.
Esto implica, y así fue recogido en la Ley 27/2011, que el Gobierno está en la obligación de reconocer y compensar los derechos que generaron estos trabajadores, incluidas las pensiones.
En una pregunta escrita, López señala que en 2003, “los afectados saharauis del Comité de trabajadores y jubilados de Fosbucraa en el Sáhara Occidental y la UGTSARIO iniciaron, junto a las organizaciones sindicales españolas CCOO y UGT, la reclamación de las cantidades adeudadas por la Seguridad Social española a los trabajadores saharauis” que, como ellos, habían estado empleados por empresas españolas durante el período colonial español.
Sus reclamaciones no cayeron en saco roto y de hecho, el 2 de agosto de 2011, en la publicación en el BOE del texto de la Ley 27/2011, sobre Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, quedaron recogidos sus derechos en la Disposición adicional cuadragésima segunda. Este punto daba dos meses de plazo al Gobierno para presentar a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recogiera “una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sahara Occidental”. Además “de las personas trabajadoras afectadas”, el informe debía incluir “el coste, su fórmula de articulación y los plazos”.
Sin embargo, ninguno de los gobiernos españoles se ha pronunciado al respecto desde entonces, con lo que el Estado, desde el punto de vista de López, puede estar violando el artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 12 de la Carta Social Europea, relativos a los derechos de Seguridad Social.
“Queremos denunciar y esperamos que la Comisión Europea nos dé la razón, en que el Gobierno español está violando los derechos fundamentales de los trabajadores saharauis al privarlos de su Seguridad Social, después de haberlos utilizado como mano de obra en sus negocios coloniales”, explica la eurodiputada, para quien “la construcción de una democracia avanzada en España exige la resolución de las responsabilidades de su pasado colonial”.
Y este compromiso, añade, “debe extender a la celebración inmediata de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental”.
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