PUSL / 19 de los 24 presos políticos saharauis del Grupo Gdeim Izik permanecen en la cárcel, con penas que varían entre los 20 años y la cadena perpetua.
Los presos han sido sometidos a malos tratos y, en algunos casos, tortura, así como extrema negligencia médica tras la última sentencia de 19 de julio de 2017 por el tribunal de apelación de Salé, Rabat.
Los prisioneros están actualmente dispersos en las siguientes prisiones: Tiflet2 (Sidi Abdallah Abbahah, Mohamed Bourial, Mohamed Lamin Haddi, El Bachir Khadda); Kenitra (Naama Asfari, El Bachir Boutanguiza, Hassan Dah, Abdallah Lakhfawni; Ahmed Sbaai, Houcein Zawi) El Arjat (Abdel Jalil Laaroussi); Ait Melloul (Brahim Ismaeli, Mohamed Bani, Sidahmed Lemjeyid, Mohamed Lefkir); Bouzakarn (Cheikh Banga, Tahamil Mohamed, Abdallah Toubali, Khouna Babeit).
Los presos políticos de Tiflet2 están desde su traslado a esta prisión en confinamiento solitario prolongado sin contacto humano significativo, lo que es considerado una de las formas más severas de tortura que lleva tanto a daños físicos y psicológicos. Las familias de estos presos presentaron varias quejas a las autoridades marroquíes y al CNDH (Consejo Nacional de los Derechos Humanos) sin recibir ninguna respuesta y enviaron un llamamiento urgente a la Cruz Roja Internacional, sobre la situación de los reclusos y el rechazo arbitraria de visitas. Esta prisión se encuentra a más de 1200 km de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, y actualmente ese grupo es el que está en el lugar más lejano de sus familias.
Todos los prisioneros del grupo Gdeim Izik sufren de negligencia médica extrema e intencionada y están en una situación de salud alarmante.
El Sr. Abdallah Toubali fue sometido a una cirugía el 6 de julio de 2018. El Sr. Mohamed Tahlil fue transladado varias veces al hospital sin haber sido tratado y las piernas del Sr. Brahim Ismaili están tan hinchadas que no puede caminar. Estos son sólo algunos ejemplos de la situación de salud del grupo.
La información más detallada puede consultarse en PUSL (ver los artículos aquí).
Maitre Olfa Ouled, la abogada francesa de este grupo, ha enviado reclamaciones y peticiones de investigaciones inmediatas sobre la situación de los presos y sus familias. Espera actualmente autorización de visita de los fiscales de las regiones en las que se encuentran las distintas cárceles, de acuerdo con la Convención Judicial marroquí-francesa de 1957.
El proceso del Gdeim Izik es extremadamente complejo y no está terminado.
El equipo de defensa saharaui confirmó que aún aguardaban la decisión de la Cour de Cassation (Tribunal Supremo de Marruecos).
Recordamos que la Cour de Cassation remitió el caso al Tribunal de Apelación para que éste emitiera una nueva sentencia, ya que el tribunal militar no demostró claramente que los prisioneros del Grupo de Gdeim Izik ordenaron o incitaron la perpetración de actos criminales, por la persona o las personas afectadas, o con intención delictiva por su parte, elementos que hacen que la sentencia sea declarada nula y sin efecto. La Cour de Cassation debe decidir ahora si el nuevo juicio ha probado lo que el tribunal militar no puede y también responder a las cuestiones planteadas por los abogados de defensa saharauis y locales sobre las infracciones durante el proceso.
En efecto, si la Cour de Cassation decide que el tribunal de apelación no ha podido probar las acusaciones, los prisioneros deben ser liberados.
Según los observadores internacionales (véase los informes en http://porunsaharalibre.org/informes-gdeim-izik/), este juicio no corrigió ni respondió a las deficiencias señaladas por el Tribunal Supremo en la decisión de la Comisión el 27 de julio de 2016 cuando trasladó el caso al tribunal de apelación; las pruebas presentadas no demuestran ningún acto de crimen realizado por ninguno de los acusados; y las pruebas presentadas por la fiscalía no tienen valor científico y deben considerarse inválidas o ilegales. Además, los testigos presentados por la fiscalía se contradecían, no tuvieron credibilidad y los testigos presentados como “habitantes” del campo aparecieron sin ninguna información de donde vinieron después de siete años y cómo se encontraron.
Por lo tanto, todo el caso todavía se basa en las declaraciones y documentos firmados bajo tortura y maltrato, lo que constituye una clara violación de la Constitución marroquí, de la ley marroquí, de la Convención sobre la Tortura y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ambas ratificadas por el Reino de Marruecos).
Paralelamente a las acciones judiciales, el movimiento internacional de solidaridad continuó e inició nuevas acciones serias de presión política para la liberación inmediata de los presos políticos saharauis.
A continuación un breve resumen del caso
El campamento Gdeim Izik 2010
En octubre de 2010, la población saharaui se desplazó al desierto en los alrededores de El Aaiún e instaló miles de tiendas en protesta contra el apartheid social, económico y político impuesto por el régimen marroquí en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental desde 1975.
El campamento de protesta pacífica fue sitiado por las autoridades marroquíes durante un mes, tras lo que fue brutalmente desmantelado en la madrugada atacando a hombres, mujeres, ancianos y niños en el campamento que reunió a familias enteras.
Antes y durante el desmantelamiento cientos de saharauis fueron secuestrados y torturados, un grupo de 24 saharauis permaneció en la prisión y es conocido como Grupo de Gdeim Izik.
El juicio militar en febrero de 2013 y el recurso al Tribunal de Supremo
Después de casi tres años, esos hombres fueron juzgados en un tribunal militar en febrero de 2013, que no presentó otras evidencias para apoyar las acusaciones además de los documentos fabricados por la policía marroquí y firmados por los acusados bajo tortura y malos tratos extremos.
Durante este juicio, los prisioneros denuncian las torturas graves que sufrieron. El juicio militar fue injusto y de acuerdo con los observadores internacionales presentes, así como muchas ONG internacionales no cumplió los estándares de un juicio justo y fue considerado nulo y sin efecto. El grupo fue sentenciado de 20 años a cadena perpetua y dos de los prisioneros (Abderrahman Zeyou y El Machdoufi Taki) fueron liberados con el tiempo de cumplido y Mohamed Ayoubi fue liberado provisionalmente debido a su situación de salud.
En febrero de 2013, tras el tribunal militar, un recurso fue presentado por los prisioneros al Tribunal Supremo marroquí.
Las quejas y la visita del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (2013/2014)
En noviembre de 2013, una observadora internacional con el mandato de ocho de los prisioneros presentó sus quejas de tortura al relator especial de tortura de la ONU.
En diciembre de 2013, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU visitó Marruecos y el grupo Gdeim Izik afirmando en su informe que “el sistema judicial criminal marroquí depende fuertemente de confesiones como la principal evidencia para apoyar la condena. Las reclamaciones recibidas por el Grupo de trabajo indican el uso de tortura por funcionarios del Estado para obtener pruebas o confesiones durante el interrogatorio inicial. Los tribunales y fiscales no cumplen su obligación de iniciar una investigación ex officio cuando existan motivos razonables para creer que una confesión fue obtenida por medio del uso de tortura y malos tratos.
Durante la visita del grupo de trabajo a los prisioneros Gdeim Izik, el Sr. Abdel Jalil Laaroussi fue trasladado a otro bloque de la cárcel para que los representantes de la ONU no pudieran ver el estado físico y de salud del prisionero (condenado a cadena perpetua) y oir sus denuncias sobre la tortura medieval a la que fue sometido.
Hasta ahora esta ha sido la única visita de una organización internacional al grupo.
En marzo de 2014, la organización francesa ACAT (Acción cristiana contra la tortura) presentó una queja al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) en nombre del Sr. Naama Asfari. La decisión fue publicada el 15 de noviembre de 2016 y declaró que los malos tratos físicos y las heridas sufridas por Naama Asfari durante su arresto, interrogatorio y detención, según se presentan, constituyen tortura en el sentido del artículo 1 de la Convención contra la Tortura e instó a Marruecos a proporcionar al Sr. Asfari una compensación justa y adecuada, incluidos los medios para la más completa rehabilitación posible; (b) iniciar una investigación completa e imparcial de los incidentes en cuestión, de conformidad con las directrices del manual sobre la investigación y la documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), con el fin de llevar ante la justicia a los responsables del tratamiento de la víctima; (c) abstenerse de cualquier forma de presión, intimidación o represalias que puedan perjudicar la integridad física y moral del reclamante y su familia, que de otra forma constituiría una violación de las obligaciones del Estado Parte bajo la Convención de cooperar con el Comité de buena fe en la aplicación de las disposiciones de la Convención y permitir que el demandante reciba visitas de su familia en la cárcel; y (d) informarle, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de transmisión de esta decisión, de las medidas adoptadas en respuesta a las opiniones expresadas anteriormente.
El nuevo juicio y el actual proceso judicial
El 27 de julio de 2016, el Tribunal Supremo adoptó una decisión y remitió el caso al Tribunal de Recurso de Rabat, que ejerce la jurisdicción civil. Esta decisión se basó en que, según el Tribunal Supremo, el tribunal militar no había demostrado claramente que los inculpados habían ordenado o incitado la comisión de actos delictivos por parte de la persona o personas afectadas, o intención delictiva de su parte, elementos que llevaron a que el juicio fuera sometido a ser declarado nulo y sin efecto.
El nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación inició sus audiencias el 26 de diciembre de 2016 y tuvo la última sesión el 19 de julio de 2017.
Las acusaciones anteriores permanecieron, siendo liberados dos prisioneros adicionales con tiempo cumplido, el Sr. Deich Daff y el Sr. El Laraabi Bakay y los restantes 19 permanecieron en la prisión.
El Sr. Mohamed Ayoubi murió el 22 de febrero de 2018 en libertad provisional, después de sufrir por años las consecuencias de la tortura brutal que había sufrido.
El proceso de Gdeim Izik está ahora de nuevo ante el Tribunal Supremo que tiene que decidir sobre la petición de los abogados de defensa en relación con la última condena y las infracciones durante el juicio, así como si el nuevo juicio fue capaz de demostrar claramente que los prisioneros del Grupo de Gdeim Izik ordenaron o incitaron la perpetración de actos criminales por la persona o personas involucradas, o la intención criminal de su parte.
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