En noviembre del 2010 unos veinticinco mil saharauis acamparon pacíficamente en Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiún –capital del territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos-para protestar por sus condiciones de vida, falta de trabajo y vivienda y para exigir la autodeterminación.
Más de tres mil efectivos de las fuerzas represoras marroquíes rodearon el campamento y mataron dos niños. Mientras se realizaban negociaciones con los notables saharauis, los militares marroquíes degollaron a saharauis en El Aaiún –para aterrorizar a la población- y atacaron el campamento, incendiando todas las jaimas (carpas).
Las cifras de muertos y heridos difieren. Decenas de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. Las tres organizaciones humanitarias: Human Right Watch, Amnesty Internacional y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos coincidieron en señalar en que hubo violencia desmesurada y tortura contra los saharauis.
Desde hace más de dos años sobre veinticuatro saharauis, detenidos por los marroquíes, pende la “espada de Damocles”, acusados de matar a once policías durante los eventos de Gdeim Izik o “Campamento de la Dignidad”. Dos años han estado detenidos sin juicio, que acaba de empezar en un Tribunal Militar y que puede terminar en la pena de muerte. Y claro, si las críticas en el exterior son muy fuertes, el feudal rey marroquí Mohamed VI, podría indultarlos, para aparecer como magnánimo.
En el texto de los europeos también se expresa su "apoyo a una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui" y pone de manifiesto "la preocupación del Parlamento Europeo por el hecho de que se sigan violando los derechos humanos en el Sahara Occidental", pidiendo que "se protejan los derechos fundamentales de los saharauis" y "destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental".
El jurista internacional, Carlos Ruiz Miguel, señala que, como el hecho sucedió en un territorio invadido, se encuentra bajo el IV Convenio de Ginebra que protege a las víctimas civiles de conflictos armados. Los procesados, por ejemplo, debían estar detenidos en su país, el Sáhara Occidental, y no en el territorio del país ocupante. Además, ser enjuiciados por un tribunal no político, entre otros brillantes alegatos.
El proceso militar es una farsa. No se enjuicia, por ejemplo, a los que asesinaron a saharauis. Y en el colmo del absurdo, los agresores enjuician a las víctimas. El juicio es un instrumento más de la política genocida del gobierno de Marruecos, contra el pueblo saharaui. El rey Mohamed VI, a lo nazi, y con métodos sofisticados, quiere exterminar a toda una nación, ante la mirada impávida de la comunidad internacional.
Ricardo Sánchez-Serra
Periodista. Miembro de la Prensa Extranjera. Analista internacional.
Twitter: @sanchezserra
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