El Ministro delegado para Europa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Sidati, ha afirmado este miércoles que el pueblo saharaui tiene derecho a exigir una compensación de la Unión Europea (UE) por las consecuencias derivadas de la firma del acuerdo de pesca entre la organización regional y Marruecos, que incluye las aguas territoriales del Sáhara Occidental.
"Los saharauis tienen derecho a reclamar una compensación de la UE", ha sostenido, antes de asegurar que la RASD "permanece decidida a invalidar el acuerdo".
"Lo hemos pedido a todos los niveles y usaremos todos nuestros remedios legales para cancelar este acuerdo ilegal e inaceptable", ha dicho Sidati en una entrevista concedida a la agencia oficial saharaui de noticias, SPS.
En este sentido, ha recalcado que la población saharaui, con el apoyo de ONG,s y abogados internacionales, "continuarán luchando para mostrar el saqueo, la destrucción del fondo marino y la sobreexplotación" provocada por la pesca en las aguas territoriales saharauis.
"Continuaremos luchando para mostrar lo que se está haciendo con el apoyo de la UE, las operaciones de saqueo de los recursos de un pueblo que lucha por su dignidad y que es víctima de la represión", ha remachado.
El nuevo acuerdo salva el último escollo para su entrada en vigor, tras dos años apartados de la zona por la oposición de la Eurocámara al convenio anterior.
La antigua colonia española había reclamado que sus aguas fueran excluidas del acuerdo porque no reconoce el derecho de Rabat a gestionar sus recursos, pero Bruselas y los 28 dan por bueno que se mantengan, a cambio de una cláusula que prevé la suspensión del convenio si se vulneran derechos fundamentales.
La Unión Europea también exigirá a Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui se beneficia de la ayuda y del empleo que proporciona el nuevo acuerdo. Los ministros de Pesca de la UE tienen previsto validarlo en su próxima reunión de los días 16 y 17 de diciembre en Bruselas.
Los buques europeos obtienen con el acuerdo 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiará a cerca de 1.500 tripulantes, de los que 500 serían marroquíes.
Además supone un incremento del 33 por ciento de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria --once Estados miembros pescan en la zona-- con respecto al régimen anterior, a cambio de una contrapartida financiera de 40 millones anuales durante los próximos cuatro años.
En realidad, la aportación de las arcas comunitarias se reduce de 36,1 millones del acuerdo anterior a 30 millones en el nuevo, porque los diez millones restantes acordados ahora los asumirán los armadores.
Fuente: europapress.es
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