En estos momentos que los campamentos de refugiados saharauis están viviendo la crisis humanitaria más grave desde el éxodo de 1975 tras el abandono de la potencia colonial, España, y la posterior ocupación por parte de Marruecos. No ha habido ninguna respuesta institucional del Gobierno de España ante la mayor catástrofe natural que derivó en una situación de escasez y desamparo sin precedentes de la población refugiada en los campamentos de refugiados de Tindouf, sus refugiados por la responsabilidad que tiene sobre ellos.
Esta situación coincide con que España acaba de finalizar el pasado mes de octubre la presidencia del Consejo de Seguridad sin que haya dado ni una mínima muestra de implicación por cumplir con su responsabilidad como potencia administradora del Sáhara y causante del problema en origen.
Hemos visto que no sólo no cumple con sus responsabilidades legales respecto a los saharauis sino que llega más lejos y hace la vista gorda ante la mayor catástrofe humanitaria de los refugiados saharauis, aquellos que colonizó y utilizó como moneda de cambio en un intento desesperado por salvar un resquicio de lo que fue en un tiempo pasado, como un intento de preservar un peso que no tenía dentro de la comunidad internacional, un vergonzoso lastre que arrastra desde 1975 y que a día de hoy sigue evitando.
Omite sus responsabilidades llegando a posicionarse a favor del ocupante de “facto”, Marruecos, con quién negoció la venta del territorio saharaui. Marruecos somete, oprime y a sangre y fuego a un pueblo en un territorio que legalmente le corresponde a España descolonizar según la Legalidad Internacional y las Naciones Unidas, organización en la que entraron con la condición de llevar a cabo un proceso de descolonización de la parte que se les había asignado en 1885 (Conferencia de Berlín) en el reparto colonial del continente viejo, el Sáhara Occidental, considerada la última colonia de África.
Un pueblo y una causa que los partidos políticos españoles utilizan en sus campañas electorales y para presumir de su solidaridad, dando fe de ello declaraciones como las de Felipe Gonzalez cuando dijo: "Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final" en un discurso realizado en el primer aniversario del tratado tripartito en 1976 en territorios liberados hablando como secretario general del PSOE, partido considerado el mayor traidor de la causa saharaui desde la suprema traición que supusieron los Tratados Tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975.
La causa saharaui refleja una enorme contradicción entre la solidaridad casi unánime del pueblo español, favorable a los saharauis, y la postura de los distintos gobiernos, esclavos de innombrables intereses en su apoyo al invasor marroquí. Una muestra, pero no la única de la contradicción en que vive España.
Europa debería estudiar su caso como la nación que no condena su pasado dictatorial vinculado al nazismo y al fascismo (no olvidemos que en los países de origen de estas ideologías su apología está penada por las leyes). Visto esto, cómo no preguntarse por otras cuestiones oscuras de esta España, la de la transición inacabada, la corrompida, la que le baila el agua y obedece a los intereses de los poderosos, gobernada por unos políticos que con su silencio y actitud ante la tragedia del pueblo saharaui practican la restricción de información colonial desde ese 14 de noviembre de 1975 coincidiendo con el final de la dictadora franquista. Es un país que continúa en el vacío, sin relevancia en una comunidad internacional en la que no encuentra su espacio.
España acabó la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas perdiendo la oportunidad de redimirse y asumir su responsabilidad, como hizo Portugal en su momento con su ex colonia Timor Oriental tras ser invadida por Indonesia. En aquel momento y sin los medios de los que se dispone hoy, el pueblo portugués forzó a su gobierno para que acabara tomando partido en la ocupación de su ex colonia por el país vecino e impulsando un referéndum para que la población timorense decidiera su destino libremente que se acabó celebrando en 1999.
España sigue omitiendo su responsabilidad y actúa como un esbirro y marioneta de la monarquía alauita mientras su propia Audiencia Nacional procesó el pasado abril a once altos cargos marroquíes por genocidio contra saharauis en un proceso de investigación de una peculiaridad extraordinaria ya que se evitó que la querella fuera archivada por la reforma de la justicia universal aprobada por el PP en marzo de 2014 al reconocer la identidad de las víctimas saharauis como españolas.
El 20 de diciembre se celebrarán las elecciones generales a la presidencia del gobierno, un gobierno cada vez más distante de la mayoría de la ciudadanía, y que en relación al Sáhara, si se cumple una tradición que se da desde las primeras elecciones, implicará que el presidente electo efectuará su primera visita oficial exterior al país vecino alauita. Sin embargo, en esta ocasión se encontrará con que su propia Audiencia ha procesado a once altos cargos, algunos de ellos aún en activo, de ese país. Será un hecho, sin duda, sin precedentes y seguro que esa mayoría de la ciudadanía española que reconoce y apoya al pueblo saharaui hará que más temprano que tarde sus representantes rompan el silencio y dejen de esquivar la responsabilidad que les corresponde para implicarse en resolver definitivamente un conflicto que este dia cumple 40 años.
Por Aby Athman
Fuente: El Confidencial Saharaui
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