Fuente: Delegación Saharaui para España
Como bien es sabido, dentro del marco de las violaciones de los DDHH que vienen aconteciendo en las zonas ocupadas del Sahara Occidental por parte del régimen marroquí, destaca especialmente el trato cruel que se le da de forma cotidiana y continuada a los prisioneros políticos saharauis, entre los que se encuentra el Grupo de Gdeim Izik.
Este Grupo lo forman 25 saharauis cuyo “delito” fue formar parte de la organización en el año 2010, de un campamento en las afueras de El Aaiun, que reivindicaba de forma pacífica los derechos de la población saharaui. Tras su detención, fueron condenados por un tribunal militar, sin ninguna garantía de las estipuladas por el derecho internacional, a penas que van desde los 20, 25 y 30 años, hasta la cadena perpetua. Es destacable al respecto, que la acusación carecía de pruebas que les pudieran señalar como actores de algún delito, tal y como ellos mismos testificaron en cada juicio, y la defensa puso en evidencia, denunciando que las declaraciones fueron obtenidas bajo fuertes torturas.
Tras 6 años y a raíz del trabajo realizado por organizaciones que luchan por la defensa de los DDHH, como Amnistía Internacional o Human Right Watch, y el mundo asociativo de los activistas saharauis de DDHH en los Territorios Ocupados, se logró que los presos políticos de Gdeim Izik fueran juzgados nuevamente, esta vez por un tribunal civil. El primer juicio, se fijó para el 26 de diciembre de 2016 en el Tribunal de Primera Instancia de Salé-Rabat, y desde entonces, ha sido postergado en diferentes ocasiones. El último comenzó el 13 de marzo y se está desarrollando durante estos días, alargándose, según se percibe, a una fecha indefinida, para intentar de esta manera, mermar y agotar la paciencia tanto de familiares de los presos políticos y saharauis defensores de los DDHH, como de observadores internacionales y juristas que acompañan el proceso.
Por todo ello, condenamos enérgicamente el macabro proceso jurídico que está llevando a cabo el régimen marroquí, exigimos que se cumpla con el derecho internacional para asegurar un juicio que cumpla con todas las garantías legales y solicitamos, para ello, la presencia de observadores internacionales en este juicio-farsa que se está celebrando en Salé y que tal y como ha expresado claramente la propia acusación durante las sesiones de estos días y así está siendo demostrado, se trata de un juicio meramente político en el que se juzga a unos saharauis que reivindicaban, al igual que todos los saharauis, su derecho de autodeterminación, conforme le corresponde a cada pueblo según el derecho internacional, pues el Pueblo Saharaui lleva 40 años luchando por su independencia y autodeterminación.
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