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El eco del juicio de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik en el Parlamento Europeo


Por la liberación de los presos políticos saharauis

Por Paloma López Bermejo (Eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo de Solidaridad con el Sáhara Occidental en el Parlamento Europeo) / publico.es

En el momento de escribir estas líneas, tiene lugar en Salé (Marruecos) el juicio civil a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik. Y si alguien albergaba alguna esperanza de un juicio justo, la realidad no ha tardado en desmentirlo.

Ayer, martes 16 de mayo, cansados del desfile de testigos falsos y la imposibilidad de confrontar sus declaraciones, los presos optaron por retirarse de la sala del juicio junto a su defensa y sus familias. Este hecho no fue un obstáculo para que el juez nombrara a dedo a otros cuatro abogados del público como defensores, sin consultar a los acusados, y pretendiera continuar el juicio como si nada sucediera. Ante las protestas de dos letradas que permanecían en la sala, el Tribunal optó por desalojarlas con violencia, mostrando a las claras su falta de respeto por las convenciones elementales del Estado de derecho.

Marruecos demuestra con ello que no pretende un juicio justo, sino un juicio político contra la rebeldía del pueblo saharaui, reunido en 2010 en Gdeim Izik para reivindicar sus derechos y su dignidad.

No podemos olvidar cuáles son las condiciones sociales y económicas de los saharauis que viven bajo la ocupación marroquí. Desde el año 1975 viven con salarios reducidos a la mitad, con temor a confiscaciones sistemáticas y arbitrarias, sin derecho a la sanidad, al trabajo o a cualquier otro derecho social o político. Generaciones de jóvenes saharauis sólo conocen el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

Fue para protestar contra estas condiciones de vida lo que miles de saharauis se concentraron en un campamento pacífico, a 12km de El Aaiún, en tiendas, donde pedían un trabajo decente, el fin de las discriminaciones, sanidad, educación y todo cuanto es necesario para alcanzar una vida digna.
Donde compartían sus quejas y sus preocupaciones, donde pedían sus derechos y su libertad. Mujeres, niños, jóvenes, mayores, familias enteras de saharauis, que reivindicaban pan, trabajo y dignidad. Fue un grito de desesperación al que las autoridades marroquíes respondieron cercando el campo y desmantelándolo violentamente entre el 7 y el 8 de noviembre de 2010, un mes después de su creación.

El burdo intento por justificar su represión está detrás de las detenciones irregulares y las acusaciones ante un Tribunal Militar, que culminaron en penas elevadísimas para los presos de Gdeim Izik. Entre ellas, la cadena perpetua para los principales activistas y militantes de derechos humanos. Un proceso que suscitó la condena unánime de la comunidad internacional, hasta la anulación reciente de las sentencias militares.

Lo que está sucediendo demuestra el nerviosismo de Marruecos ante la imposibilidad de justificar las acusaciones contra los presos en un nuevo juicio civil. Sin más evidencia que las confesiones escritas obtenidas bajo tortura  -torturas que siguen sin investigarse, pese a la condena de la ONU-, el Tribunal se ve obligado a inventar golpes de efecto teatrales que creen un clima de culpabilidad con el que justificar un proceso cuyo final está escrito de antemano.

De forma continuada se mezclan los papeles y se confunden los del juez, el fiscal y la acusación civil, mientras se obliga a la defensa a permanecer en silencio. En este juego de roles, los testigos de los presos son interrogados como acusados y los torturadores son tratados como víctimas que deben protegerse de los ataques “contra el Estado marroquí”.

Marruecos pretende que este juicio sea un juicio avalado por la comunidad internacional, un modelo para otros procesos -como el de los estudiantes saharauis de Marrakech- con los que pretende atemorizar a la población saharaui que lucha contra la realidad de la ocupación marroquí. Como afirmó con involuntaria sinceridad un abogado de la acusación civil, el día de la apertura del juicio, el pasado 13 de marzo, “no es el primer juicio político en el que he participado”. Y nada, por desgracia, nos hace pensar que sea el último.

Hoy, más que nunca, es imprescindible denunciar esta situación, exigir la liberación de los presos políticos saharauis y apoyar la labor de los observadores internacionales que permiten que estos hechos sean denunciados y conocidos, levantando el velo de la impunidad marroquí.

Sólo así será posible avanzar para que se lleve a cabo, como exige la ley internacional, el referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui.


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