Fuente : Grupo de Amistad Uruguay–República Árabe Saharaui Democrática en Montevideo / Diario La Realidad Saharaui
Texto integro de la intervención del Senador uruguayo Rubén Martínez Huelmo, Senador del Partido Nacional (Frente Amplio), en apoyo al derecho del pueblo del Sahara Occidental.
Intervención en la que el señor Martinez repasó ante el Senado Uruguayo el contexto del conflicto del Sahara Occidental y apeló a la legalidad internacional el apoyo a la República Saharaui y al Frente Polisario y que ha sido aprobado por unanimidad de todo el hemiciclo político uruguayo.
-Señora Presidenta.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Martínez Huelmo.
-Señor Martínez Huelmo.- Señora Presidenta: el largo conflicto en el Sahara Occidental entre el Frente Polisario, único y legítimo representante del pueblo saharaui, y el Reino de Marruecos, está registrado desde 1963 en la lista de las Naciones Unidas sobre la descolonización, de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Oportunamente la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Corte Internacional de Justicia examinar las reclamaciones de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Ese órgano emitió su opinión consultiva el 16 de octubre de 1975, expresando que los materiales e información que se le presentan –por parte de España, Marruecos y Mauritania– no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el Reino de Marruecos o la entidad mauritana, por lo que la corte no ha encontrado vínculos jurídicos que puedan afectar la aplicación de la Resolución 1514 de la Asamblea General, de fecha 14 de diciembre de 1960, sobre la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, sobre el principio de libre determinación mediante la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo del territorio.
Esta evidencia se viene intentando ocultar meramente con la indiferencia y la superposición de los años, pero volvemos a ratificar que nadie puede reclamar derechos políticos o legales sobre el territorio del Sahara Occidental ni podrá impedir que el pueblo del Sahara Occidental ejerza su derecho a la libre autodeterminación, de conformidad con la carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y las decisiones –de los últimos tiempos– de la Unión Africana.
El 6 de septiembre de 1991, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos firmaron un alto el fuego bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la Unión Africana. Fue un paso importante a efectos de disponer, desde ese plan de arreglo Naciones Unidas-Unión Africana, que se le permitiera al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación mediante la organización de un referéndum justo y genuino.
Han pasado veintiséis años y la situación saharaui sigue en el mismo estado: se continúa privando a la población de ese derecho inalienable, ante una ocupación marroquí que no se sostiene en el derecho internacional y que, incluso, ha llegado a expulsar al componente civil y político de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental –Minurso–.
Se registran otras graves situaciones violatorias de los derechos humanos del pueblo saharaui, como la represión de manifestaciones pacíficas, detenciones, torturas, etcétera, que rubrican que el Reino de Marruecos no tendría voluntad de implementar las decisiones de las Naciones Unidas y allanar un camino justo y de paz.
Estos problemas son conocidos en Uruguay en virtud de que en 1988 el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, designó a nuestro compatriota Héctor Gros Espiell en calidad de Subsecretario General para actuar como su primer representante especial para la cuestión del Sahara Occidental. En 1991, Gros Espiell, siendo Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay y recordando su misión para Naciones Unidas, decía: «Mucho se logró al respecto. Lo mismo que mucho se adelantó en la preparación de las fases preliminares para la organización del futuro referéndum de libre determinación que deberá realizarse por parte de las Naciones Unidas. Se obtuvo, sin embargo, un cese del fuego de hecho, y se avanzó en la concientización de que el problema podría ser resuelto, que el referéndum era prácticamente posible y que se podía vivir en paz en la región».
Pese a las dificultades, el gran diplomático uruguayo estimaba que el ansiado referéndum se haría en 1992. Fíjese, señora presidenta, los años que han pasado, y las Naciones Unidas se han olvidado un poco de este asunto.
Uruguay no olvida que en su más lúcida tradición internacional se ubica el respetar y reclamar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y de las disposiciones de la mencionada organización, como único camino a la solución pacífica de las controversias.
Es evidente que la indiferencia internacional ha intentado birlar el derecho del pueblo saharaui y, por eso, llamamos la atención sobre este asunto inconcluso que, de seguir en su actual statu quo –donde una de las partes impone su fuerza, avasallando los derechos del pueblo saharaui–, resta crédito a las mismas Naciones Unidas en cuanto a las resoluciones de su Asamblea General y del Consejo de Seguridad y, simultáneamente, a las acciones de la Unión Africana, que también reclama el necesario proceso de descolonización del Sahara Occidental.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas cámaras, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Grupo de Amistad Uruguay–República Árabe Saharaui Democrática –el cual integro junto a otros legisladores–, a la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, a la Unión Interparlamentaria con sede en Ginebra, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento del Mercosur, a la Mesa Política del Frente Amplio y a su Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, a la Delegación de Uruguay ante el Consejo de Seguridad de la ONU y a las diecinueve juntas departamentales.
Muchas gracias.
Han pasado veintiséis años y la situación saharaui sigue en el mismo estado: se continúa privando a la población de ese derecho inalienable, ante una ocupación marroquí que no se sostiene en el derecho internacional y que, incluso, ha llegado a expulsar al componente civil y político de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental –Minurso–.
Se registran otras graves situaciones violatorias de los derechos humanos del pueblo saharaui, como la represión de manifestaciones pacíficas, detenciones, torturas, etcétera, que rubrican que el Reino de Marruecos no tendría voluntad de implementar las decisiones de las Naciones Unidas y allanar un camino justo y de paz.
Estos problemas son conocidos en Uruguay en virtud de que en 1988 el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, designó a nuestro compatriota Héctor Gros Espiell en calidad de Subsecretario General para actuar como su primer representante especial para la cuestión del Sahara Occidental. En 1991, Gros Espiell, siendo Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay y recordando su misión para Naciones Unidas, decía: «Mucho se logró al respecto. Lo mismo que mucho se adelantó en la preparación de las fases preliminares para la organización del futuro referéndum de libre determinación que deberá realizarse por parte de las Naciones Unidas. Se obtuvo, sin embargo, un cese del fuego de hecho, y se avanzó en la concientización de que el problema podría ser resuelto, que el referéndum era prácticamente posible y que se podía vivir en paz en la región».
Pese a las dificultades, el gran diplomático uruguayo estimaba que el ansiado referéndum se haría en 1992. Fíjese, señora presidenta, los años que han pasado, y las Naciones Unidas se han olvidado un poco de este asunto.
Uruguay no olvida que en su más lúcida tradición internacional se ubica el respetar y reclamar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y de las disposiciones de la mencionada organización, como único camino a la solución pacífica de las controversias.
Es evidente que la indiferencia internacional ha intentado birlar el derecho del pueblo saharaui y, por eso, llamamos la atención sobre este asunto inconcluso que, de seguir en su actual statu quo –donde una de las partes impone su fuerza, avasallando los derechos del pueblo saharaui–, resta crédito a las mismas Naciones Unidas en cuanto a las resoluciones de su Asamblea General y del Consejo de Seguridad y, simultáneamente, a las acciones de la Unión Africana, que también reclama el necesario proceso de descolonización del Sahara Occidental.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas cámaras, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Grupo de Amistad Uruguay–República Árabe Saharaui Democrática –el cual integro junto a otros legisladores–, a la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, a la Unión Interparlamentaria con sede en Ginebra, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento del Mercosur, a la Mesa Política del Frente Amplio y a su Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, a la Delegación de Uruguay ante el Consejo de Seguridad de la ONU y a las diecinueve juntas departamentales.
Muchas gracias.
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