Mérida (España).- La Asamblea de Extremadura (España), ha adoptado, por unanimidad, una declaración institucional de apoyo al Sáhara Occidental, suscrita por todos los grupos parlamentarios presentes en la cámara autonómica.
Los legisladores extremeños, exigen "al Reino de Marruecos que se produzca la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia saharauis, y que cesen las violaciones de derechos humanos en las prisiones que controla", reza el comunicado que condena el continuo expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental.
La Asamblea de Extremadura, ve necesaria y urgente que la MINURSO tenga en sus funciones la capacidad de supervisar y documentar las violaciones que comete Marruecos contra los saharauis en las ZZOO.
En lo que respecta a la solución del conflicto, los representantes de Extremadura, instan a Naciones Unidas a buscar una solución definitiva y que pase por el libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
El Pleno arranca con demanda para respetar el estatus del Sáhara Occidental
Valladolid (España).- Las Cortes de Castilla y León, a través de una declaración institucional leída ayer ante el Pleno, han realizado un llamamiento para que naciones, instituciones y empresas respeten el estatus del Sáhara Occidental al margen del Reino de Marruecos, del que "no forma parte".
Este estatus emana de un fallo del Tribunal de Justicia de la UE fechado el 21 de diciembre de 2016, "lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la UE y Marruecos es aplicable" en ese territorio saharaui", según la declaración que ha promovido el procurador del Grupo Mixto José Sarrión (IU-Equo).
Por la misma razón, tampoco se pueden exportar los recursos naturales del Sáhara Occidental "sin el consentimiento del pueblo saharaui" para no incurrir "en contradicción con el derecho internacional y el europeo".
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE "es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y estatales, y por ello "es su deber, además de respetarla, darla a conocer a su ciudadanía para su correcta aplicación".
En el caso de España, que abandonó la zona el 26 de febrero de 1976 en pleno proceso de descolonización, "tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui".
Por esta razón, el Parlamento de Castilla y León ha efectuado un llamamiento a las compañías europeas y españolas para que "cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación marroquí del Sáhara Occidental, y la explotación de sus recursos naturales en materia de pesca, agricultura y extracción de fosfatos y arena o energía renovable.
Las Cortes, por tanto, instan a todas las autoridades a implementar la legislación vigente con arreglo a esa sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, y "se suman a la corriente de solidaridad de la sociedad española que lleva años exigiendo una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum de autodeterminación que ponga fin al conflicto".
En el hemiciclo han estado presentes, entre otras autoridades, el delegado del Frente Polisario Mohamed Labat Mustafa; Rufo Martín, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Valladolid; y Lehdia Hamadi Taleb, miembro de la delegación saharaui en Castilla y León.
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