Por Alfonso Lafarga / Fuente: Contramutis
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales …” y así hasta 30 artículos componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sus Estados miembros se comprometieron a respetar.
En uno de los considerandos de la Declaración se señala que “el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, conciencia que parece no existir en lo que se refiere al Sáhara Occidental, territorio donde los Derechos Humanos son violados sistemáticamente por el régimen de Marruecos, según denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) o la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).
En septiembre hemos asistido, una vez más, al atropello de los derechos de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquíes en noviembre de 2010: primero fueron condenados por un tribunal militar, después por el Tribunal de Apelación con confesiones obtenidas bajo tortura, como denunciaron los observadores internacionales, y ahora son castigados con su dispersión por diferentes cárceles marroquíes, la mayoría situadas a más de mil kilómetros de distancia de El Aaiún, la ciudad donde residen sus familias.
Es el suma y sigue, como señaló Amnistía Internacional en su último informe anual: “Las autoridades (marroquíes) continuaron reprimiendo la disidencia pacífica en el Sáhara Occidental, dispersando protestas pacíficas y enjuiciando e imponiendo restricciones a activistas saharauis que propugnaban la autodeterminación o denunciaban violaciones de derechos humanos”, además de seguir “expulsando del Sáhara Occidental o prohibiendo la entrada en el territorio a periodistas y activistas extranjeros, así como a activistas de derechos humanos”.













