Fuente: spsrasd
París (Francia).- La ONG francesa, Acción Cristiana por la Abolición de la Tortura (ACAT), mandó una carta a la Comisaría de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, transmitiéndole las irregularidades que azotan el proceso judicial de los presos de Gdeim Izik,un proceso que se reanudará el próximo 11 de julio.
ACAT, informó a la responsable europea sobre el ilegal proceso judicial que se aplica a los presos saharauis a pesar de que, "el presidente del Tribunal de Apelación, aprobó que se realicen los análisis forenses, que no respetan las normas establecidas en el Protocolo de Estambul, por lo cual, consideramos que sería una excusa para volver a basarse en las declaraciones obtenidas bajo tortura".
Otro de los aspectos más grandes según la organización francesa, es el tema de los testigos que "después de siete años del incidente, y en oscuras condiciones, aparecieron nuevos testigos, que sus testimonios no estaban inscritos e incluso son inverosímiles y contradicen la realidad", explica la organización de DDHH, mientras "el tribunal rechazaba las preguntas de la defensa para que no se cuestionen los testigos".
"El presidente del tribunal, permitió que se proyectara una grabación audiovisual, donde no aparece ninguno de los acusados, con el fin de generar un clima de hostilidad hacia su causa, lo que es una flagelación al principio de inocencia", transmite ACAT en su carta.
En este sentido, "el tribunal rechaza las pruebas de ADN sobre las huellas encontradas en las armas incautadas, sin saber su fuente, es otra prueba de la falsedad de las acusaciones", y añade que en el "16 de mayo y después de varias rondas del juicio ilegal contra el grupo de Gdeim Izik, los presos y su defensa, optaron voluntariamente por no presenciar la sesión y en el mismo día se expulsaron por la fuerza dos abogadas francesas de la defensa de los presos", explica la ONG.
La Organización francesa, finaliza su carta exigiendo a la responsable de política exterior, adoptar un comunicado donde se recoja la necesidad de "recordar el Reino de Marruecos que tiene que respetar sus compromisos internacionales como miembro de la Convención anti Tortura; mandar observadores internacionales para presenciar el juicio".
Es de recordar, que dicha organización, había demandado a políticos marroquíes ante la justicia francesa, lo que provocó una crisis diplomática entre Francia y Marruecos.
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