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| EL JUEZ PABLO RUZ, A SU LLEGADA A LA AUDIENCIA NACIONAL |
Dos peritos han ratificado ante el juez Pablo Ruz el informe con el que se demuestra que las ocho personas halladas en dos fosas comunes en Samra (Sahara Occidental) tenían ciudadanía española al haberse encontrado junto a ellas dos DNIs y una cartilla de racionamiento de azúcar.
Uno de los peritos, el médico forense Francisco Etxeberria, conocido por haber identificado los huesos de los niños Ruth y José en el caso Bretón, ha explicado, tras su comparecencia ante el juez, que este informe confirma “la existencia de dos fosas comunes con población civil y con disparos en la cabeza”, que eran españoles.
Se trata de ocho cadáveres (seis adultos y dos menores de 14 años) presuntamente ejecutados el 12 de febrero de 1976 con armas de fuego, según recoge el informe de Etxebarria y su compañero, el médico psicólogo Carlos Martín, ambos de la Universidad del País Vasco.
El informe de estos dos peritos sirvió para ampliar la querella, presentada en 2006 por asociaciones en apoyo al pueblo saharaui, contra ex altos cargos marroquíes supuestamente involucrados en la desaparición y asesinato de saharauis en 1976, y que investiga el juez Ruz.
Según ha detallado Etxeberria estas ocho personas fueron enterradas de “cualquier manera bajo la arena y con la munición con la que se realizaron los disparos alrededor” y “de manera no reglamentaria, sin tener en cuenta las costumbres y tradiciones del pueblo saharaui”.
En el informe se acredita de “manera muy amplia” la identidad española de las víctimas a partir de varias pruebas halladas en las fosas: una cartilla de racionamiento de azúcar de las que se usaban en el Sahara en la época, una tarjeta de una empresa española y dos carnés de identidad española.
Un testigo que ayer compareció ante Ruz, Mahmud Selma, ha relatado cómo su primo Abba-Ali Said Daf presenció con solo 14 años las ejecuciones, entre ellas la del padre de Selma, y oyó el nombre de dos personas, cuyos documentos de identidad han aparecido entre los restos, lo que refuerza las conclusiones del informe.
Para acreditar la ciudadanía española de las víctimas, los peritos también han realizado análisis genéticos a los restos humanos encontrados en las fosas y han entregado sus conclusiones a Ruz para que compruebe las identidades a través del Ministerio del Interior.
En el informe de exhumación de los peritos consta además material fotográfico, documental y genético que obtuvieron en la investigación forense dentro de esta causa, en la que Ruz investiga si se cometieron delitos de genocidio en relación con asesinatos, lesiones y torturas.
Esta causa, como otra decena que investiga la Audiencia Nacional, podría archivarse en el caso de que saliera adelante la reforma aprobada ayer en el Congreso para la restricción de la Justicia Universal, es decir, de las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.
Así lo ha afirmado el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), Manuel Ollé, quien ha asegurado que podría archivarse ya que los agresores no tenían nacionalidad española, aunque cabe la posibilidad de que continúe abierta porque los hechos se perpetraron en una zona que, en esa época, era todavía territorio español.
El abogado ha expresado su deseo de que hoy diputados y senadores del PP pudieran haber estado presentes en las declaraciones “escuchando cómo se aniquilaba al pueblo saharaui, cómo se aniquilaba a ciudadanos españoles víctimas de genocidio y que hoy quedan absolutamente sin ningún tipo de protección”.
Fuente: Agencia EFE
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