Por Alfonso Lafarga / Contramutis
La represión en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos se intensificó en abril, especialmente en El Aaiún, precisamente el mes en el que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por un año el mandato de la MINURSO en la excolonia española y, una vez más, sin contemplar la vigilancia de los Derechos Humanos. Las manifestaciones de ciudadanos saharauis fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad marroquíes, causando numerosos heridos.
El gobierno de España, mediante un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, saludó el 29 de abril la prórroga de la MINURSO y expresó su satisfacción por la decisión del Frente Polisario de retirarse de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, para que, unido a la anterior retirada de la zona de Marruecos, el Secretario General de Naciones Unidas pueda cumplir su compromiso de relanzar la negociación entre las partes y lograr “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.
Asuntos Exteriores se ciñó a la declaración “una solución política, justa, duradera…” que habitualmente hace el gobierno de España sobre el conflicto del Sáhara, sin entrar en otras consideraciones: no se hizo mención alguna a los Derechos Humanos, como tampoco la hubo en los comunicados sobre la MINURSO de años anteriores.
Para encontrar estas dos palabras, Derechos Humanos, en los pocos comunicados de Exteriores referidos al Sáhara Occidental hay que remontarse a una nota del 15 de abril de 2014 sobre un informe del Secretario General de la ONU en los siguientes términos: “En relación con los derechos humanos, España reconoce la actitud constructiva de las partes y saluda las medidas adoptadas por las autoridades marroquíes en esta materia”.
A pesar de estas “medidas”, el gobierno de Marruecos ha seguido siendo objeto de denuncias por parte de las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos, tanto por actuaciones dentro de su propio territorio como en el Sáhara Occidental, que invadió a finales de 1975.
El gobierno español no incluyó referencia alguna a los Derechos Humanos de los saharauis en los territorios ocupados pero, eso sí, aprovechó para señalar el compromiso de España con los refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia) y recordar que es “el primer donante bilateral de ayuda humanitaria”.
En este año, hasta el 29 de abril, el Ministerio que ahora dirige el diplomático Alfonso Dastis emitió más de cien comunicados relativos, entre otras cuestiones, a las relaciones diplomáticas de España, la situación en Venezuela, incidentes, catástrofes o accidentes ocurridos en Perú, Panamá, Colombia, Argentina, Macedonia, Senegal, Kenia, Addis Abeba, Nigeria, Angola, Kirguistán…
España condenó atentados y ataques terroristas en diversos países, el lanzamiento de un misil balístico por Corea del Norte, los asentamientos en Cisjordania, la construcción de viviendas en Jerusalén oriental, el asesinato en Yangón del abogado birmano U Ko Ni, “defensor de la tolerancia, la democracia y los derechos humanos”, el asesinato del ciudadano alemán Jurgen Kantner en Filipinas y las agresiones sufridas por camioneros españoles en Francia.
En estos meses y en años anteriores el Sáhara Occidental no mereció la atención del gobierno de España, a excepción de los comunicados con motivo de las anuales prórrogas de la MINURSO o una nota en mayo de 2016 por el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, secretario general del Frente Polisario y presidente de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), aunque este segundo cargo no apareció citado.
Más de sesenta presos políticos saharauis
Las personas que en los territorios ocupados por Marruecos son detenidas, padecen tortura, prisión –actualmente hay más de sesenta presos políticos y llegaron a ser un centenar- y otras llegan a perder la vida por reclamar el derecho a la autodeterminación, reconocido por la ONU, no despertaron el interés del gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que España sigue siendo la administradora de iure del Sáhara Occidental. Tampoco hubo comunicados de condena aunque los afectados fuesen ciudadanos españoles, como ocurrió con el magistrado Jesús Martín Morillo -observador internacional en un juicio contra saharauis expulsado en marzo de 2017 de Rabat-, o el psicólogo Carlos Martín Beristain y los abogados José Revert Calabuig y Nieves Cubas Armas, expulsados del Sáhara en 2016, entre otros muchos casos.
Nasser Bourita (izq), ministro marroquí de Asuntos Exteriores,
y Alfonso Dastis, ministro español
El Ministerio de Exteriores no se pronunció ante el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental -ningún Estado reconoce a Marruecos soberanía sobre la excolonia española- y recientemente se ha conocido que Marruecos obtuvo en 2016 más de 200 millones de dólares por la venta de fosfatos saharauis y la interceptación en Sudáfrica de un buque con 54.000 toneladas de fosfatos del Sáhara, lo que no se hizo cuando atracó el 14 de enero pasado en el puerto de La Luz de la capital grancanaria un barco con aceite de pescado procedente del Sáhara Occidental.
El gobierno de Rajoy aspira a que España forme parte del principal órgano de las Naciones Unidas en materia de DDHH en el periodo 2018-2020 y asegura que “España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos, tanto en el plano interno como en el de la acción exterior del Estado. La protección y la promoción de los derechos humanos constituyen así un eje prioritario de nuestra política exterior”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dice en su página web que millones de personas exigen cada día en el mundo el respeto de los Derechos Humanos y que “en 2016 siguen siendo violados por gobiernos que privan sin juicio de la libertad a sus ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y justas”. Todo esto parece que no cuenta para el Sáhara Occidental y, mientras, los gobiernos de Madrid y Rabat intensifican cada vez más su cooperación y relaciones.
En abril de 2017 en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur de Marruecos con población saharaui se siguieron produciendo violaciones de los Derechos Humanos, según datos de las ONGs que actúan en el territorio y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes.
La siguiente es una relación aproximada de estos hechos:
Leer completo en pdf: Abril saharaui 2017
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